Ahora sí el Colegio de Abogados de Rafaela formalizó sus reclamos al Gobierno provincial para que adopte “medidas excepcionales” orientadas a corregir una situación de “morosidad en la administración de justicia que exacerba los ánimos” de los profesionales del Foro local. Tal como anticipó este Diario en su edición de ayer, la entidad que nuclea a los abogados de la Quinta Circunscripción Judicial canalizaron tanto fastidio en un documento crítico que tiene como principales destinatarios -sin nombrarlos- al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Rafael Gutiérrez, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Dr. Héctor Superti. 

“Sin fiesta” es el título de esta declaración -ver publicación en página 7 de esta edición- que en su tramo inicial señala: “En pocos días, este Colegio de Abogados concluirá las obras del Salón de usos Múltiples (S.U.M.) que mereció una inversión importante con fondos derivados exclusivamente del aporte de sus colegiados. Pretendíamos inaugurarlo, haciendo coincidir el acto con la postergada cena del Día del Abogado. Ahora bien, los ánimos que nos hacen llegar los colegas no son buenos y transmiten desánimos y frustraciones que nos llevan a meditar seriamente si estamos para fiestas”.

Y rápidamente pasa una factura a las autoridades provinciales al expresar que “la morosidad en la administración de justicia exacerba los ánimos: particularmente, es probable que en el mes de febrero, los Tribunales de Rafaela tendrán uno o dos jueces a cargo de los cuatro juzgados en lo Civil, Comercial y del Trabajo, bajo riesgo de que este estado se prolongue en el próximo año”.

Actualmente el juez subrogante, Elido Ercole, y la jueza Liliana Maina de Beldoménico están a cargo de los 4 juzgados en lo Civil, Comercial y Laboral de los Tribunales de Rafaela. Con el agravante que la magistrada ya renunció al puesto a partir del 22 de febrero para jubilarse. Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura llevó a cabo un concurso múltiple para elegir a dos jueces, y los nominados son el propio Ercole y María José Alvarez, pero aún resta que el gobernador, Hermes Binner, eleve los pliegos a la Legislatura y la asamblea legislativa los apruebe. 
Como en la Justicia santafesina los tiempos no son tiranos como en la televisión, nadie tiene garantías que los dos candidatos propuestos puedan asumir en algún momento de este año o de 2012. Así, se corre el riesgo que los cuatro juzgados queden, desde febrero, sobre las espaldas de un único juez subrogante. 

El Colegio de Abogados no sólo hizo una lista de reclamos sino que destacó su apoyo a diversas acciones encaradas por la gestión provincial. “Este Colegio ha apoyado todas las iniciativas de reforma encaradas por el Gobierno Provincial: nueva reglamentación del Consejo de la Magistratura -cuyo espíritu y resoluciones respaldamos-, instauración del proceso de mediación obligatoria, juzgados de pequeñas causas, reforma del Sistema Penal y particularmente la creación en esta circunscripción de los juzgados especialistas en materia Laboral y de Familia”.
Y sigue. “A pesar de ello, nuestra posición y en otros casos el silencio, merecieron en muchos casos interpretaciones de complacencia. Ahora bien, concluido todo el proceso electoral, durante el cual nos abstuvimos de emitir proclamas con el objeto de evitar suspicacias político partidarias -lo que por otra parte nos está prohibido expresamente por estatuto- debemos dejar sentada esta posición”. 

“Los abogados vivimos prioritariamente de las decisiones del poder judicial y las vacancias aludidas -entre otras causas- conspiran contra nuestro trabajo y el derecho de los justiciables”, subraya el Colegio que preside el Dr. Carlos Cordero. También manifestó su malestar porque “la Corte Suprema de Justicia ha cubierto recientemente cuatro Secretarías -la segunda jerarquía en un juzgado- y tres de los designados son personas no arraigadas en la ciudad, circunstancia que atenta contra la estabilidad en tales funciones e implica un desconocimiento de la oferta de más de trescientos colegas radicados en la ciudad, muchos de los cuales se inscribieron en los concursos respectivos”.
Asimismo, la entidad afirmó que “hoy seguimos con la misma estructura de fueros plenos que se creó hace años y con la misma cantidad de cuatro empleados por juzgados, comparando con otros de los servicios básicos que debe atender el Estado: salud, seguridad, educación, la población está desproporcionalmente desatendida en lo que refiere a la administración de justicia”.

Por último, el documento reclamó “que el Poder Ejecutivo Provincial tome las decisiones excepcionales que estime adecuadas y que eviten tal estado de cosas: una emergencia no es una catástrofe”.