Para finalizar y referirme puntualmente a algunas de las críticas realizadas contra el proyecto debo decir que los Colegios de Abogados del interior son “colegios públicos de ley”, como lo es el CPACF, sin ninguna diferencia, a menos que por ser del interior se entienda que deben tener otro tratamiento o naturaleza jurídica. Por tal motivo resulta insólito hablar de “privatización de la matrícula federal”, pues son ellos –no la FACA- quienes tendrán el control de la misma.

Es cierto que además integran nuestra Federación algunas asociaciones civiles de abogados que “no son colegios de ley”, pero las mismas no otorgarán la matrícula federal y ello está muy claro en el proyecto, salvo para los que tienen otros intereses e inducen a una lectura distorsionada del mismo.

En nuestra sociedad occidental ya casi no se debate que la colegiación legal resulta el mejor sistema para el control de la matrícula y ética profesional, como así tampoco que los colegios profesionales, como personas de derecho público no estatal, cumplen un rol clave y principal en ello, por lo que no puedo más que concluir en que la oposición al proyecto de matrícula federal revela un pensamiento y postura conservadora, anticolegial y contraria a la libertad profesional.  

Con la férrea convicción de haber informado con seriedad la verdad del proyecto y destacando que el Honorable Senado de la Nación es el órgano federal por excelencia, entiendo que la adhesión a nuestro propósito significaría cumplir con el mandato constitucional conferido, coincidiendo conmigo en que el federalismo no sólo debe pregonarse, sino también practicarse.

Sin más, aprovecho la ocasión para saludarlo con las expresiones de mi mayor distinción.

Buenos Aires,  26 de junio de 2017

    

Dr. Eduardo  Massot

Presidente

DNI 20.806.570

ADJUNTO

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